El imputado trabajaba en Antofagasta a cargo del sistema aéreo de vigilancia dependiente de la Subsecretaría de Prevención del Delito.
Paulina Núñez y José Miguel Castro, ambos diputados de Renovación Nacional por Antofagasta, condenaron la situación y anunciaron que se querellarán al respecto.
El diputado por la región de Antofagasta, José Miguel Castro (RN) calificó como “gravísimos” los delitos que se le imputan al funcionario de Gobierno que hasta ayer trabajaba en el tercer piso de la Delegación Presidencial a cargo del sistema aéreo de vigilancia dependiente de la Subsecretaría de Prevención del Delito. Además, pidió a la jefa de esa cartera que se apliquen las máximas sanciones que establece la legislación vigente, además de poner “especial atención en las futuras contrataciones”.
“No es justo que a una persona que se le dio confianza y un grado de participación en la prevención del delito, específicamente controlando drones, esté implicado en tan graves hechos como ser parte de una red de drogas, una manzana podrida no puede echar por tierra todo el trabajo realizado en Prevención del Delito en nuestra región”, dijo.
Asimismo, el legislador, tras contactarse con el presidente de Renovación Nacional, Francisco Chahuán, dijo que el partido realizará una profunda investigación para establecer los alcances internos de este hecho delictual “caiga quien caiga”, aseguró Castro.
“Nunca estaremos disponibles para la impunidad. No podemos aceptar esta clase de manzanas podridas en nuestras filas ni en un órgano tan delicado como es la Subsecretaría de Prevención del Delito. Seremos parte de todas las querellas que se realicen”, concluyó José Miguel Castro.
Asimismo, la diputada Paulina Núñez (RN) condenó la situación señalando que “esto es un escándalo de niveles incalculables y debemos ser implacables en condenar y llevar adelante todas las acciones que aseguren que nunca más un narcotraficante se infiltre en el Estado”.
“Debemos estar unidos frente al narcotráfico y no podemos permitir que ingresen en la política. Por ello, hago un llamado a todos los candidatos a repudiar públicamente este hecho y personalmente me sumaré con todo el rigor de la ley a perseguir a estos miserables, me voy a querellar”, agregó la parlamentaria.
Otra persona que se sumó fue Marco Antonio Díaz (RN), quien dijo que si esta persona no era expulsada del partido, él renunciaría a su militancia “mi condena es absoluta e indubitada, esperando que, luego de investigado, se apliquen las máximas sanciones que la ley establece, y que con celeridad la Directiva del partido disponga la expulsión inmediata, si así no ocurre dentro de las próximas 48 horas, me veré en la obligación de presentar mi renuncia a la militancia. Las señales deben ser claras”.
PARLAMENTARIOS DE OPOSICIÓN
Al respecto, Marcela Hernando (PR) señaló que “nunca antes vimos tanta corrupción e irregularidades en un Gobierno Regional que lamentablemente se asocia estrechamente a un Partido Político (…) Es doloroso enterarnos que la narco corrupción ya llegó a corromper a funcionarios del Estado y esto es grave, requiere intervención urgente de la inteligencia policial en nuestra región”.
Asimismo, Esteban Velásquez (FREVS) publicó en su Facebook “nunca es buena la relación entre el narcotráfico y la política. No queremos narco-política en el país ni en la región”.
Sobre el mismo tema, Pedro Araya (IND) señaló que “el gran legado de Martorell en Prevención del Delito es no haber prevenido nada, poner a militantes ligados al narcotráfico. En este sentido, urgen medidas reales para combatir el narcotráfico”.
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