El parlamentario agradeció el apoyo transversal a la iniciativa que “muestra un claro interés de la sociedad por evolucionar respecto del cuidado de los animales”, aseguró.
El diputado José Miguel Castro (RN) valoró el apoyo transversal que recibió el proyecto – de su autoría – que busca prohibir todo tipo de prueba o testeo de productos de higiene, odorización y cosméticos en animales, así como su importación, exportación y comercialización en el país. La iniciativa pasó a su segundo trámite en el Senado luego de su aprobación por unanimidad en la Sala de la Cámara.
A juicio del Diputado Castro, esta ley era “justa y necesaria porque la experimentación animal es una práctica cruel e innecesaria a la luz de los progresos de la ciencia. Ya no es necesario utilizar animales mucho menos por intereses económicos y de la industria de la estética”.
La iniciativa, refundida (boletines 13966-11, 14180-11 y 14193-1) “prohíbe la venta, comercialización, importación e introducción al mercado de los productos mencionados anteriormente, que hayan efectuado este tipo de pruebas en animales. Los productores podrán utilizar en envases o envoltorios la etiqueta o logo “libre de crueldad” o “no testeado en animales”.
En el citado texto, también se señala lo siguiente: “se prohíben los experimentos en animales vivos que tengan por finalidad desarrollar actividades de investigación, fabricación o comercialización de productos cosméticos, de higiene o de odorización personal” e incorporando que aquella trasgresión “será sancionada con la pena de presidio menor en sus grados mínimo a medio y multa de dos a treinta unidades tributarias mensuales, o sólo con esta última”.
El parlamentario, aprovechó también de valorar y agradecer el apoyo de entidades y organizaciones animalistas.
“Demuestra el interés de nuestra sociedad en avanzar y evolucionar, y conseguir que los animales sean respetados como seres sintientes y evitarles así sufrimientos y torturas innecesarias”.
Finalmente, el parlamentario hizo un llamado a sus colegas del Senado a aprobar la iniciativa. De cumplir con el trámite legislativo, la ley podría entrar en vigencia 12 meses después de ser publicada en el Diario Oficial.