Bancada RN presenta reforma constitucional para dejar sin efecto pensiones de gracia otorgadas por el INDH en el contexto del estallido social de quienes tengan antecedentes penales y extiende las otorgadas en otros casos solo por 2 años. La norma exceptúa a quienes hubieren sido afectados con una incapacidad permanente acreditada por el Servicio Médico Legal.
Los diputados de la bancada de Renovación Nacional presentaron un proyecto de ley que incorpora una nueva disposición transitoria en la Constitución Política de la República para dejar sin efecto las pensiones de gracia otorgadas con intermediación del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH).
La iniciativa de artículo único, “busca dejar sin efecto dentro del plazo de dos años contados desde la publicación de la presente reforma en el Diario Oficial, las pensiones de gracia concedidas a partir del año 2021 en base a la acreditación realizada por el Instituto Nacional de Derechos Humanos a sujetos afectados en el contexto del estallido social”. La norma agrega que las pensiones quedarán sin efecto desde el momento de publicación de la reforma en el Diario Oficial tratándose de sujetos que al momento de la concesión del beneficio o con posterioridad a ello, fuesen condenados por delitos que merezcan pena aflictiva.
Para dar cumplimiento a esta iniciativa, será el Registro Civil e Identificación quien remitirá los antecedentes a la Subsecretaría del Interior, la que a su vez , deberá enviar el listado de beneficiarios de conformidad a lo dispuesto dentro de las 24 horas siguientes a la publicación de la presente reforma en el Diario Oficial.
Así mismo, la Subsecretaría del Interior deberá oficiar en el más breve plazo a la Tesorería General de la República para el cese del pago, cuando ello fuere procedente de conformidad con lo señalado precedentemente.
La iniciativa sin embargo, exceptúa a aquellos casos en los que, producto de los eventos posteriores al estallido social, se hubiere producido incapacidad permanente del beneficiado, lo que deberá ser acreditado por el Servicio Médico Legal.
En este sentido, el diputado Diego Schalper aseguró que: “Hemos presentado un proyecto de ley que busca terminar con el verdadero abuso que se ha cometido con pensiones asociadas al estallido social. Tenemos la convicción de que lo que ahí aconteció y esos hechos de violencia tienen que ser considerados realmente como algo que agravó y perjudicó a personas concretas y malamente pueden dar pie a personas beneficiadas en pensiones de gracia. Por lo tanto, este proyecto lo que busca es regularizar esa situación, volver las cosas a lo correcto, a lo justo y, muy importante, dejarle claro al Instituto Nacional de Derechos Humanos que su trabajo es velar por todos los derechos humanos”.
Por su parte, el diputado José Miguel Castro dijo que: “El gobierno por un lado nos pide un pacto fiscal y por el otro regala la plata de todos los chilenos con acreditaciones cuestionables por parte del INDH y pagos de por vida a sujetos que no precisamente estaban en el marco de una velatón y además sufrieron lesiones leves. Los chilenos no tienen por qué pagar con sus impuestos las pensiones a sujetos que en muchos casos hicieron un grave daño a nuestro país. Por lo demás hay otros que están cuestionados por haber cometido delitos después incluso de haber recibido esta pensión”.
En tanto que el diputado Andrés Longton, presidente de la Comisión de Seguridad agregó: “Esperamos que lo antes posible el subsecretario Monsalve ingrese a estas indicaciones en nuestros proyectos para dejar sin efecto estas pensiones de gracia, pero también para considerar los antecedentes penales a la hora de otorgarlas. Tal cual se comprometió la ministra Tohá cuando se lo solicitamos en la Comisión de Seguridad hace algunos días.
“Sin perjuicio de eso, -continuó-, es impresentable que el gobierno no haya tenido dichos antecedentes a la vista cuando se subió esta pensión de gracia al doble de su valor. Es decir, no recabaron los más mínimos antecedentes que revelaban que esta persona estaba prófuga de la justicia, es decir, tenía orden de detención. Y no solo eso, no se había acreditado también su calidad de víctima en el proceso judicial respectivo. Por lo tanto, acá hubo una negligencia evidente en la revisión de los antecedentes por parte de la Comisión Revisora del Ministerio del Interior sin perjuicio de la revisión previa que hizo el Instituto Nacional de Derechos Humanos”.
Finalmente, cabe destacar que junto a los parlamentarios, los diputados integrantes de la comisión de Seguridad, figuran como diputados autores del proyecto los diputados Carla Morales, Hugo Rey, Juan Carlos Beltrán, Ximena Ossandón y Sofía Cid, encabezados por el jefe de bancada Frank Sauerbaum y la subjefa Marcia Raphael.