Iniciativa fue ingresada por el Ejecutivo en agosto del año pasado y recién se encuentra en primer trámite en la Comisión de Defensa del Senado.
Luego que militares chilenos hayan sido agredidos en un enfrentamiento con migrantes en la frontera con Bolivia, en las cercanías de Colchane durante este fin de semana, mientras desarrollaban labores de resguardo evitando el paso de migrantes ilegales, la senadora Paulina Nuñez, solicitó al Ejecutivo acelerar la legislación para otorgar mayores herramientas legales para el cuidado de fronteras.
En este sentido, dijo que: “Un militar fue herido en nuestras fronteras luego de un enfrentamiento con inmigrantes que pretendían ingresar evidentemente de manera irregular a nuestro país. Nuevamente, Carabineros y las Fuerzas Armadas desplegadas en las fronteras están siendo vulneradas en sus derechos. ¿Qué esperamos, qué espera el Ejecutivo para mejorar las condiciones y entregar nuevas herramientas para el ejercicio de sus funciones? La falta de coordinación interinstitucional y una buena dirección de mando y control con monitoreo 24-7 de los riesgos y amenazas no puede seguir esperando”, señaló.
Por esta razón, la parlamentaria por Antofagasta, dijo que: “Es necesario que el Ejecutivo, que el Gobierno disponga una discusión inmediata para el proyecto de protección de resguardo de fronteras. Porque es evidente que una mejor legislación va a permitir entregar estas herramientas y con eso resguardar no solamente la defensa de nuestro territorio, sino que la vida de cada uno de los uniformados que están resguardando nuestras fronteras para evitar no solo el ingreso ilegal, irregular de inmigrantes, sino que también el crimen organizado y la presencia de éstos, que sabemos con mayor fuerza se despliega en todo este territorio”, concluyó.
Sobre el proyecto
El proyecto de ley, que se encuentra en primer trámite en el Senado en la Comisión de Defensa (16148-02) busca otorgar a las Fuerzas Armadas de Chile un rol más activo en la protección de la infraestructura crítica y la seguridad de las fronteras del país. Establece un marco legal que les permitirá intervenir de manera directa en situaciones de emergencia o amenaza que afecten instalaciones esenciales para el funcionamiento del Estado. Además, busca mejorar la coordinación entre las instituciones de seguridad para enfrentar desafíos en estos ámbitos. La ley también establece directrices sobre el uso de recursos y el cumplimiento de protocolos específicos.