En su primer año de implementación, el Royalty Minero ha superado todas las expectativas al recaudar más de US$1.550 millones. Esta cifra histórica refuerza la visión del senador Esteban Velásquez, autor del proyecto, quien desde 2018 impulsó esta iniciativa con el objetivo de redistribuir la riqueza generada por la minería hacia las regiones productoras y las comunas más vulnerables del país.
Promulgada en agosto de 2023 y en vigor desde enero de 2024, la Ley 21.591 establece un nuevo esquema tributario para los grandes explotadores mineros, con un componente ad valorem del 1% sobre las ventas anuales de cobre y un componente sobre el margen minero que varía entre el 8% y el 26%, según las ganancias. Esta estructura ha permitido una recaudación que supera las proyecciones iniciales, beneficiando directamente a las comunidades locales.
El senador Esteban Velásquez, autor del Royalty, ha destacado que a pesar de las advertencias iniciales de la industria minera sobre posibles efectos negativos, la inversión en el sector se ha mantenido activa y los precios favorables del cobre han mitigado el impacto de la nueva tributación.
“Durante el extenso proceso legislativo, representantes de la industria minera vaticinaron graves consecuencias, desde pérdida de competitividad y freno a las inversiones, hasta cierre de operaciones y despidos masivos. Sin embargo, a más de seis meses de su entrada en vigor, no se han materializado estos escenarios”, sostuvo el legislador.
Los recursos recaudados se distribuyen a través de tres fondos principales:
Fondo Regional para la Productividad y el Desarrollo (FRPD): Dirigido a financiar proyectos de inversión productiva, desarrollo regional e investigación científica y tecnológica.
Fondo de Apoyo para la Equidad Territorial (FET): Destinado a compensar las brechas presupuestarias entre municipios, beneficiando a las comunas más vulnerables y dependientes del Fondo Común Municipal.
Fondo de Comunas Mineras (FCMI): Enfocado en compensar las externalidades negativas de la minería, entregando recursos de libre disposición a municipios en regiones mineras.
En 2024, se adelantaron parte de los recursos que se repartirán desde 2025, destinando US$79 millones al Fondo Común Municipal y US$25 millones al FCMI. Además, se entregaron US$20 millones a los Gobiernos Regionales a través del FRPD, financiando 72 proyectos en instituciones como INDAP, CORFO, FOSIS y universidades.
El senador Velásquez ha enfatizado la importancia de una gestión transparente y eficiente de estos recursos, instando a las autoridades locales a invertir en obras que beneficien directamente a la ciudadanía y eviten actos de corrupción. “Hay que atreverse a grandes infraestructuras para la región”, señaló, proponiendo inversiones en autopistas y carreteras estatales.
Esteban Velasquez
Con la implementación del Royalty Minero, se ha dado un paso significativo hacia una distribución más equitativa de la riqueza generada por los recursos naturales, beneficiando a las comunidades que históricamente han soportado las externalidades de la actividad minera.