El parlamentario planteó la idea de revisar el modelo de concesiones, las funciones de las superintendencias y las regulaciones actuales, considerando que el modelo de privatización no da garantías de excelencia.
A raíz de lo ocurrido en Osorno, el Diputado por la Región de Antofagasta, Esteban Velásquez (FRVS), abrió la puerta a la discusión sobre la desprivatización de ciertos bienes que hoy se encuentran en manos de empresas privadas.
“Lo que hoy ha ocurrido en Osorno con las empresas tiene un trasfondo y consecuencia de una relación nociva y dañina, de política y dinero. En general las empresas, y en particular las sanitarias, han participado de este financiamiento de la política, usando procedimientos ilegales, con boletas falsas y otras formas. Claro, después de eso los poderes políticos, entre esos el Parlamento, no legisló como correspondía, no fiscalizó, y por lo tanto hoy nos encontramos con estas situaciones inaceptables e increíbles”, sostuvo el calameño.
Agregó que “A nuestro juicio el sistema privado no da garantías de excelencia en sus servicios ni atención adecuada al usuario, y cuando tiene problemas, como ahora, el Estado corre a solucionar lo que una empresa privada deja como descalabro. Esto no puede ser, debe cambiar el modelo de concesiones, el rol de las distintas superintendencias cuyas funciones hoy son prácticamente mínimas, y las distintas regulaciones”.
Las privatizaciones de la dictadura.
En 1991 en la Cámara de Diputados se creó una Comisión Especial Investigadora “de la Anterior Administración de la CORFO y la Privatización de sus empresas filiales”, instancia que alcanzó a concluir que entre 1985 y 1987 se privatizaron 32 empresas de CORFO con una pérdida patrimonial de 2.209 millones de dólares, asumiendo el Estado además las deudas de estas empresas en un 131% en relación a 1984. En particular, la comisión dio a conocer que la privatización de CAP, que representó 1/3 del patrimonio estatal en comento, no se justificaba porque era “una empresa rentable y de gran potencialidad (…) y el Estado de Chile tenía el 95,96% de sus acciones”, avaluada en 811.49 millones de dólares pero se vendió en apenas 105,05 millones de dólares, lo que se tradujo en una pérdida para Chile 706,44 millones de dólares. El trabajo de la comisión fue interrumpido por presiones militares, siendo Comandante en Jefe del Ejército, el otrora dictador Augusto Pinochet.
Posteriormente, en 2004 la Cámara de Diputados retomó los estudios sobre la privatización para profundizar los avances de la comisión de 1991, ahora sin presiones militares y a pesar de la dificultad en obtener información completa y fidedigna, culminó un informe que concluye que entre 1973 y 1990 en Chile una revolución capitalista radical transformó la sociedad chilena, rompiendo la raíz con la historia republicana y la tradición democrática que hasta 1973 la habían caracterizado, siendo la privatización uno de los pilares en el ámbito económico del cambio estructural nacional, lo que favoreció a personas y grupos vinculados a la dictadura militar, fortaleciendo ciertos sectores y actividades económicas con estímulos entonces vigentes.
Al respecto, Velásquez comentó que “este modelo instaurado a la fuerza perjudicó al país no solo en aquel entonces sino que sus efectos los sufrimos también hoy, por varias razones, entre ellas porque los servicios públicos tienen un costo, pero privatizados tienen un acostó aún mayor y, como vemos, no hay garantía alguna de la satisfacción de las necesidades que estos servicios deben satisfacer, es cosa de mirar lo que ocurrió en Calama en Febrero y lo que ocurre por estos días y hace más de una semana en Osorno”.
El parlamentario además apuntó a la corrupción en la política y la relación con estas empresas, señalando que “por otro lado, está la corrupción, porque muchas de estas empresas a modo de regalías a ciertos personajes financiaron de forma irregular sus campañas políticas, porque en esas relaciones tóxicas los favores se pagan, y así entra en la duda cómo el Presidente Piñera no cancela la concesión a la empresa ante esta gravísima situación, una sanción contemplada por nuestra legislación y que la empresa sabe que arriesga. Si esto no amerita la cancelación de la concesión a juicio del Presidente Piñera, entonces no sabemos qué, y algo comienza a molestar el olfato”.