Acusan de “persecución” contra un funcionario que dio a conocer estos hechos.
Todo habría comenzado el año pasado, cuando un funcionario, quien también se desempeña como presidente del Comité Paritario de Higiene y Seguridad en el Registro Civil, solicitó a la Contraloría Regional investigar ciertas irregularidades en cuanto a los fondos públicos de la institución, debido a que la Dirección Regional arrendaba una propiedad privada sin hacer uso de esta.
El informe final de Contraloría, al cual se puede acceder mediante la Ley de Transparencia, da cuenta que el organismo pagó más de 53 millones de pesos de arriendo en un periodo de cinco meses donde no se utilizó dicho inmueble, solicitando que “esa entidad deberá efectuar un análisis respecto de la cuantificación, del periodo mínimo de duración del contrato de arrendamiento, que le permita amortizar el gasto incurrido en las dependencias en cuestión”.
Además “se evidenciaron deficiencias de control que debilitan la efectividad de los procedimientos internos generales y específicos en el manejo de los recursos”.
Sobre esto, el denunciante, quien prefiere mantener la reserva de identidad, comenta: “el año pasado hubo un reportaje donde se hablaba del despilfarro de dinero que se estaba haciendo por el arriendo de ese edificio que no se ocupaba, entonces -el funcionario de iniciales S.A.- empezó a hacer unas presentaciones (denuncias), algunas respuestas de la Contraloría era instruir los sumarios correspondientes, yo creo que durante el transcurso del año debe haber hecho unas 4 o 5 presentaciones”.
Este año, con la llegada de la pandemia, el denunciante expresa que el funcionario, en su calidad de Comité Paritario, consultó a los diferentes organismos de la región sobre la implementación de las medidas sanitarias correspondientes, concluyendo que el Servicio de Registro Civil no entregaba los insumos necesarios para enfrentar la situación de emergencia sanitaria actual, por lo que presentó un recurso a la Corte de Apelaciones para solicitarlas, incluyendo implementar turnos especiales en caso de contagio.
Sin embargo, el recurso fue rechazado ya que al momento de la resolución, el organismo ya había implementado las medidas pertinentes, como protocolos, distanciamiento social, disminución del número de personas y trámites, sistemas de teletrabajo, entre otras.
El denunciante comenta que posterior a esto, se le notificó a S.A. que estaba bajo una investigación por un sumario administrativo, siendo suspendido de sus funciones el pasado 12 de junio.
Agregó que “nosotros vemos netamente que acá es un tema de persecución contra él, (…) él fue dirigente hace tiempo, pero él sigue haciendo esta labor como de fiscalizador, de mejorar el servicio, de mejorar los procedimientos, pero eso nuestro servicio no lo tomó como una herramienta, si no que lo tomó como una amenaza”.
A causa de lo anterior, el funcionario presentó un Recurso de Protección de Garantías Constitucionales en la Corte en contra del director regional y nacional del Registro Civil por la “ilegalidad” de este proceso.