Ser juzgadas, humilladas, atemorizadas, lastimada física o psicológicamente es considerado violencia obstétrica.
La comisión de la equidad de género de la Cámara de Diputadas y Diputados puso en tabla el proyecto de Ley de Parto Respetado (Ley Adriana) tras dormir tres años en el parlamento, la iniciativa fue impulsada por la diputada Claudia Mix (Comunes).
Este proyecto busca modificar la Ley N°20.584, la cual regula los derechos y deberes de las personas en relación con acciones vinculadas a su atención de salud. Esta modificación busca sancionar la violencia ginecobstetrica; además, regular, garantizar y promover los derechos de la mujer y personas gestantes del recién nacido y de su acompañante, durante el proceso de gestación, preparto, parto y postparto.
El proyecto recibe el nombre por Adriana Palacios una joven de 19 años, quién sufrió violencia obstétrica junto a una serie de negligencias médicas que terminaron con la vida dentro del útero de su hija Trinidad en el año 2017.
El parto respetado, hace referencia al respeto a los derechos de las madres; el neonato/a y su familia; respetando etnia, nacionalidad y religión. El parto respetado implica generar un espacio familiar donde la mamá y el recién nacido/a sean los protagonistas, y donde el nacimiento se desarrolle de la manera más natural posible, evitando toda intervención innecesaria es la definición que le otorga la Unicef.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la violencia obstétrica se define como una forma específica de violencia ejercida por profesionales de la salud (predominantemente médicos y personal de enfermería) hacia las mujeres embarazadas, en labor de parto y el puerperio; constituye una violación a los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres.
Las Naciones Unidas (ONU) en el año 2019 reconocieron la violencia obstétrica como una violación a los derechos humanos de las mujeres, ordena a los Estados a hacerse cargo de esto.
En Chile, según el Primer Encuentro Nacional de Violencia Ginecológica y Obstétrica realizada entre los años 2019 y 2020 por la Colectiva contra la Violencia Ginecológica y Obstétrica, más del 79,32% de las mujeres que participaron de la encuesta (4,552), manifiesta haber vivido alguna forma de violencia obstétrica.
El 48.2% se sintió infantilizada o anulada por el equipo médico, como si fuera incapaz de tomar decisiones sobre lo que le ocurría (antes, durante y/o después del parto). Un 45.9% de las encuestadas manifiesta que le realizaron procedimientos sin pedir su consentimiento o sin explicar por qué eran necesarios; y un 24.9% informa que se le impidió el contacto inmediato con su hija/o recién nacida/o antes de que se la/o llevaran a control neonatológico.