Araya exige al Gobierno una “estrategia agresiva para controlar la inmigración ilegal que hoy nos desborda”.
En el marco de la discusión de la Ley de Presupuestos para el sector público del año 2024, se conoció que, en medio de un operativo policial, una carabinera resultó agredida con una granada por ciudadanos extranjeros en condición migratoria irregular, lo que provocó heridas graves que la mantienen internada en el Hospital de la institución.
El Diputado Jaime Araya, integrante de la Comisión de Seguridad, exige al Gobierno “medidas concretas para enfrentar esta verdadera explosión de delincuencia”, indicando que existe “un arribo desbordado del crimen organizado”.
Araya indica que el hecho vivido en Santiago “requiere una respuesta muy contundente del Estado. Nosotros hemos hecho propuestas concretas al Gobierno. Primero, que se ejerza a plenitud el control preventivo migratorio. Chile tiene el derecho de exigirle a los extranjeros que circulan por el territorio nacional que puedan acreditar que están regularizados o que no lo han hecho”. “Chile no puede seguir en esta ingenuidad de pensar que toda la gente extranjera en nuestro país viene a buscar una oportunidad”.
El parlamentario va más allá, indicando que el crimen organizado en Chile “puede lucrar y lucrar mucho, tienen todo a disposición para matar adultos mayores (…) secuestrar personas, violar y explotar sexualmente a mujeres”.
Además, pone el acento en las medidas que ha tomado Perú, donde se promulgaron decretos presidenciales que expulsarán en 24 horas a extranjeros que no tengan documentos en el país. Jaime Araya señala que “esos delincuentes no van a volver a su país, se van a venir a Chile. Por lo tanto, es importante tener una estrategia muy agresiva para fortalecer la presencia del Estado en la frontera y controlar la inmigración ilegal que hoy nos desborda”.
En el Congreso, un grupo de parlamentarios oficialistas -entre los que se cuenta Araya- exigen que el Gobierno declare Estado de Excepción Constitucional en todo el territorio nacional, debido a “las nuevas formas delictuales, mucho más violentas e importadas de otros países, que están afectando la seguridad de nuestra nación y de los ciudadanos de nuestro país”. También demandan iniciar una “operación rastrillo” en zonas complejas y una cárcel especial para el crimen organizado de alta seguridad.