Por Pedro Araya Guerrero,
Senador de la República
Fue en julio de este año, cuando la Convención entregó al Presidente Boric el texto de la propuesta de nueva Constitución. Creo que aún no se ha tomado el peso de lo que eso significó en cuanto a la gran responsabilidad que se nos viene encima.
Somos millones de personas, quienes tenemos la posibilidad de revisar cada aspecto de la carta fundamental que los convencionales han preparado. Lo hacen desde los más diversos puntos de vista, analizando cómo las normas propuestas afectan su vida, a su familia, a su comunidad más próxima y al país, así como las áreas en las que ellos se desenvuelven. Nunca antes habíamos asistido a algo semejante.
Cuando en 1980 se aprobó la Constitución, en plena dictadura, las restricciones para el debate fueron inmensas, el conocimiento de una redacción entre cuatro paredes era precario, las instancias para formase una opinión fueron escasas. Fue una imposición apenas encubierta. Pocos tenían el tiempo, la información y la oportunidad de dar su opinión. Ahora la situación es la inversa.
Contamos con la población mejor educada de nuestra historia, con mayor formación formal y con más información disponible de lo que ninguna generación anterior tuvo a su alcance. Puede que sean pocos los abogados, pero son muchísimos los que se podrán hace un juicio fundado sobre derechos sociales y personales, sistema político e impacto de las nuevas reglas en las más diversas áreas.
No hay, ni habrá expertos que puedan dar cátedra respecto de todos los temas, y los encuentros ciudadanos tienen la modalidad de un intercambio horizontal de opiniones entre pares. No será una buena temporada para los dogmáticos ni para los que crean tener la respuesta para cualquier cosa.
Puede que la oposición tenga una campaña para influir en la decisión de las personas, lo mismo que los convencionales o el propio gobierno. Pero ninguno de ellos va a influenciar tanto como para impedir que cada cual tome su opción en conciencia y después de haber reflexionado individual y colectivamente.
Nadie puede reemplazar a la ciudadanía en este periodo de deliberación nacional, sin embargo, el Parlamento tiene la obligación de prepararse para poner en práctica la decisión que adopte el pueblo de Chile, sin prejuzgar cuál ha de ser ésta.
Como todos sabemos, el escenario está completamente abierto. Puede que una encuesta esté equivocada, pero no puede ser que todas las encuestas estén en un error. Y lo que podemos constatar es que la amplia ventaja inicial que tuvo el cambio constitucional se ha diluido en el tiempo. Es la evaluación ciudadana del trabajo de la Convención la que ha provocado este giro en la tendencia mayoritaria.
Pero tampoco está resuelto. Lo que sabemos es que Chile es un país que sigue teniendo vocación de entendimiento y que ninguna opción que se presente como incapaz de asimilar perfeccionamientos y mejoras puede ganar. Chile quiere diálogo y no le gusta las imposiciones.
Por eso he considerado cada vez más necesario que esta voluntad de entendimiento se exprese desde ahora. Incluso considero más valioso el hecho de que todos los sectores políticos manifiesten su intención de alcanzar grandes acuerdos ahora que existe la incertidumbre en los resultados del plebiscito.
Terminar con un cerrojo a la actual Constitución que nos ha acompañado desde la recuperación de la democracia sería una buena noticia. No veo razones para oponerse a lo razonable. No sé qué pasará en el plebiscito, pero tengo la completa seguridad de que no debemos desperdiciar el tiempo disponible cuando podemos ponernos de acuerdo en todos los casos desde ahora.
Me parece que este es el modo de lo sensato y lo prudente de actuar pensando en el bien de Chile. Es lo que el Parlamento puede hacer mientras se produce una deliberación nacional en el que cada chileno y chilena participará discerniendo responsablemente lo mejor para el país.