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[COLUMNA] Actuar a tiempo es evitar problemas mayores

Por: Pedro Araya Guerrero
Senador por Antofagasta

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Cometeríamos el mayor de los errores si pensamos que enfrentar la migración ilegal es un problema que puede esperar. El Gobierno tiene que actuar con prontitud, mediante medidas efectivas, antes que el desborde convenza a muchos de que nuestra institucionalidad no puede encontrar soluciones sensatas.

Junto a los senadores Walker, Rincón, Ebensperger y Galilea, hemos propuesto una reforma constitucional que establece un rol más activo de las Fuerzas Armadas en el control de las fronteras. Ojalá nuestro país contara con un cuerpo policial fronterizo especializado en una materia por demás compleja, pero el caso es que llegar a dotarnos de este servicio especial podría llevar años de implementación, mientras la crisis no espera.

Las razones que hemos tenido son varias, pero deseo destacar tres que me parecen las más importantes, vistas desde la realidad que nos toca vivir en la Región de Antofagasta.

La primera es que la comunidad regional debe estar convencida que el estado central, junto a las autoridades regionales y locales, están haciendo todo lo que pueden para enfrentar uno de los principales problemas de la región. La verdad, es que no está siendo así.

No estoy diciendo que considere que la ministra del Interior, Carolina Tohá y el subsecretario Manuel Monsalve se hayan mostrado indiferente ante nuestras preocupaciones. Al contrario, a todos nos consta que no ha sido así. Sus visitas a las regiones del norte grande y sus reuniones de coordinación muestran la voluntad de hacerse cargo de la situación.

Pese a todo ello, tengo que constatar igualmente que la comunidad regional está convencida que los anuncios hechos hasta ahora son mayoritariamente considerados insuficientes en su envergadura y lentos en su ejecución. Esta es una percepción que nuestro proyecto busca cambiar.

No existe política pública que pueda ser exitosa si no cuenta con el apoyo y la participación decidida de la comunidad a la que está destinada. Así como en la macrozona sur el estado de emergencia y la protección de la infraestructura son estimadas efectivas en esas regiones, aquí debe ocurrir otro tanto. Estas medidas incluyen la participación bien reglamentada de las Fuerzas Armadas y eso ha traído tranquilidad a una amplia zona.

No es que los problemas hayan desaparecido, pero la sensación de seguridad se ha afianzado, y también los indicadores sobre hechos violentos y atentados muestras signos de una baja constatada.

No es solo una impresión, en los últimos años la migración ilegal ha venido en aumento. De los poco más de 8 mil casos de migración irregular detectada en el 2019 estamos superando hoy los 60 mil. En la misma medida han venido creciendo los delitos y los homicidios han aumentado de manera exponencial en algunas comunas. Hoy en día, en la zona norte del Chile el 30% de los victimarios y el 20% de las víctimas son extranjeros. Querámoslo o no, estos son fenómenos relacionados.

En segundo lugar, en el norte, y específicamente en Antofagasta, la ciudadanía merece sentir la misma protección que se está teniendo en el sur, mediante la intervención adecuada de las Fuerzas Armadas en la frontera. Es una iniciativa que ha tenido acogida aquí porque dota de una herramienta legal que ha llegado a ser imprescindible, dada la imposibilidad policial de destinar más personal a estas tareas.


En tercer lugar, esta reforma constitucional favorece también la acción del gobierno, puesto que no cuestionada nada de lo que ya está realizando o planea realizar. Se trata de una herramienta institucional complementaria que fortalece las otras acciones del Ejecutivo.

En cuarto lugar, me parece también que la mejor forma que tiene un país de acoger a los extranjeros es por la vía de la migración legal, porque quien llega a Chile ha de entrar a nuestro territorio respetando nuestras normas. Ser parte de nuestro país es integrarse a nuestra institucionalidad. El país que no puede asegurar el ingreso de extranjeros por los pasos habilitados y solo por ellos, convoca a que trasgredan sus leyes des el momento que se pone pie en su territorio.

¿Qué puede ser peor para el migrante que cumple con todos los requisitos y se preocupa de cada una de las formalidades, si en la vida cotidiana nadie se acostumbra a distinguir entre los que llegan y el prejuicio sobre todos se expande? ¿No es esta la manera en que más se puede expandir las expresiones de xenofobia? ¿a quien le puede convenir el conflicto entre residentes y recién llegados?

La expulsión del territorio por motivos fundados y por la trasgresión de las leyes chilenas es una medida apropiada para poner orden en materia migratoria y permitir una sana convivencia en nuestras ciudades y pueblos.

Actuemos a tiempo y aplicando el rigor de la ley para que después no nos lamentemos de que muchos busquen la seguridad que le prometen los populistas a cambio de no respetar la ley.

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