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Ministerio de Energía y Coordinador Eléctrico Nacional valoran la integración de guías de buenas prácticas en bases de licitación para obras de transmisión

El organismo técnico adoptó esta medida en enero de este año y se suma a los cambios en las bases de licitación de inmuebles fiscales para la adjudicación de proyectos de ERNC del Ministerio de Bienes Nacionales, para evitar situaciones de impago a proveedores y pymes en la zona norte del país. 

El ministro de Energía, Diego Pardow, junto a representantes del Coordinador Eléctrico Nacional (CEN) se reunieron este jueves para analizar la integración de las nuevas guías de buenas prácticas en las bases de licitación pública nacional e internacional para la construcción, ejecución y explotación de 22 obras de transmisión, la que representaría una inversión que supera los US$ 82 millones.

Para el ministro de Energía, Diego Pardow, esta es una señal potente para potenciar un adecuado desarrollo energético que vaya en armonía con las comunidades. “Como ministerio, hemos identificado un conjunto de buenas prácticas que podrían implementar los distintos actores del sector energético para mejorar las relaciones y la gestión en la cadena de suministro de los proyectos de energía y así mantener relaciones armoniosas, sostenibles y beneficiosas para cada uno de los eslabones de la cadena de contrataciones”, explicó el ministro.

A renglón seguido, el secretario de Estado valoró la acogida del Coordinador para introducir cambios en las licitaciones para obras de transmisión “que entreguen más certeza y seguridad a las empresas proveedoras del sector energético, evitando que se repitan situaciones de impago a proveedores y pymes”.

En esta línea, Dafne Pino Riffo, seremi de Energía de la región de Antofagasta valoró esta noticia que va en directo beneficio de las pymes de la región “esta es una excelente noticia para la región, que demuestra el compromiso del Gobierno del Presidente Gabriel Boric y de nuestro Ministerio, con quienes son el motor de la economía local. Este es un respaldo para las pymes y para el desarrollo del sector, pues no podemos crecer en este ámbito generando conflictos con ellas -las pymes- que son la base para construir la infraestructura energética que requiere el país para lograr la descarbonización”.

En tanto, el presidente del Consejo Directivo del CEN, Juan Carlos Olmedo, destacó la medida implementada. “Tenemos la convicción que es importante que existan parámetros de sostenibilidad financiera para el mandante respecto de sus proveedores, dada su relevancia en la transición energética con un enfoque en los criterios ambientales, sociales y de gobernanza”, afirmó.

Las mejoras que introdujo el CEN consideran una serie de cambios a las bases de licitación como la incorporación de nuevos indicadores financieros para la evaluación de las empresas adjudicatarias y de nuevas exigencias administrativas relacionadas con la entrega de garantías.

Además, en la licitación los interesados deberán declarar que darán cumplimiento a las disposiciones establecidas en el manual de Buenas Prácticas en la gestión de Proveedores, Contratistas y Subcontratistas para la construcción de proyectos de energía, impulsado por el Ministerio de Energía.

En tanto, Ernesto Huber, director ejecutivo del CEN, señalo que “la organización ha introducido una serie de mejoras en los procesos que está impulsando, como nuevas exigencias administrativas relacionadas con el desempeño de contratistas en obras adjudicadas por el organismo en procesos anteriores, actualización en  la distribución de hitos de pago para promover el avance constructivo y restricciones sobre personal crítico de especialidad y su respectiva asignación en los proyectos adjudicados para garantizar una adecuada presencia en el desarrollo de las obras, entre otros requerimientos”.

Esta medida se suma a los cambios en las bases de licitación de inmuebles fiscales para proyectos de Energías Renovables No Convencionales (ERNC), que desarrolla el Ministerio de Bienes Nacionales, las que incluye la obligación de pago en 30 días y multas por incumplimientos.

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