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Senador Araya aprobó Proyecto Royalty y emplazó a Marcel por nivel de compensación para zonas mineras

Legislador expresó que debe existir un margen para corregir la iniciativa, con el fin de que exista una mayor retribución para localidades, como Calama, Sierra Gorda, Tocopilla, Taltal y Antofagasta, que han experimentado el costo social del desarrollo de la actividad industrial.

  • Cabe recordar que, si bien la iniciativa tuvo su origen en una moción de un grupo de parlamentarios, posteriormente, contó con el patrocinio del Ejecutivo que presentó indicaciones sustitutivas y modificaciones, que tuvieron un amplio debate en la cámara alta.

Con su voto a favor, aunque expresando ciertas aprehensiones, por el nivel de retorno de recursos para las zonas productoras, el senador, Pedro Araya Guerrero, apoyó el proyecto de royalty a la gran minería, iniciativa que fue respaldada, durante la primera etapa de discusión, del miércoles, con 42 preferencias y 1 abstención.

“Apoyaré esta iniciativa, pero creo que debe existir un margen para corregir, que exista una mayor compensación a las zonas productoras, creemos que la minería debe tener este nuevo acuerdo, debe volver a ser un vecino que sea parte de las comunidades, que se haga cargo de sus externalidades negativas”, indicó en su intervención el parlamentario antofagastino.

En este sentido, Araya agregó que “quiero hacer presente al señor ministro de Hacienda que los recursos asignados al fondo para las comunas mineras son completamente insuficientes en función de las múltiples externalidades negativas que deben asumir los habitantes de estas localidades”.

“No es razonable que los “Fondos de Equidad Territorial” tripliquen el monto del “Fondo para las Comunas Mineras”, al menos en la transición, las comunidades que experimentan directamente el costo social del desarrollo de esta actividad industrial, como Calama, Sierra Gorda, Tocopilla, Antofagasta y Taltal, que beneficia a todo el país, merecen de una mayor compensación, la minería necesita un nuevo trato con las comunidades”, puntualizó el senador.

En este contexto, Araya expuso las utilidades que han obtenido, en el último tiempo, algunas de las compañías mineras. “Si uno mira los reportes que se presentaron en la Comisión para el Mercado Financiero, el grupo de 13 empresas mineras privadas más grandes del país acumuló utilidades el año 2021 que superan los 8.400 millones de dólares, 3,7 veces más de los 1.280 millones que anotaron en 2020, el listado de mineras que reportaron mayores utilidades, en 2021, es liderado por minera Escondida, con 2.690 millones, seguida de Collahuasi, 1.998 millones, y Los Pelambres con 1.079 millones, solo las utilidades de Escondida el año 2022 fueron de 2.908 millones con una producción de 1.026.000 toneladas métricas de cobre”, destacó el parlamentario.

Finalmente, en su intervención, el senador señaló que aún restan desafíos pendientes para discutir, probablemente, en una reforma tributaria. “Como las exenciones que aún mantiene la minería en el impuesto específico a los combustibles o bien una gran discusión que siempre hemos tenido, respecto al monto efectivo que se paga por el concentrado de cobre, todos sabemos que la Aduana no tiene capacidad de fiscalizar lo que efectivamente sacan las mineras, hay un espacio donde todavía se pueden hacer correcciones”.

Proyecto
El proyecto de royalty contempla una carga tributaria potencial máxima de 46,5% a la gran minería con ventas anuales de más de 80 mil toneladas métricas y de 45,5% para aquellas operaciones con ventas anuales entre 50 mil y 80 mil toneladas métricas de cobre fino (TMCF). En ambos casos, dicho límite se calculará sobre la renta imponible operacional minera ajustada (RIOMA).

Además, se crean tres fondos destinados a los gobiernos regionales y las comunas mineras por un total de 450 millones de dólares (Fondo a Comunas Mineras, Fondo de Apoyo de Equidad Territorial y Fondo Regional de Producción y Desarrollo). Para las comunas mineras se desglosan un total de 55 millones de dólares que se distribuirá entre los gobiernos regionales y municipios del país.

También se dispone un impuesto ad valorem de un 1% a aquellos productores de más de 50 mil toneladas métricas de cobre fino al año. En tanto, la recaudación total estimada equivale a 0,45% del PIB.

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