Gobierno presentará iniciativa para aumentar penas a delitos contra dirigentes sociales, tal como lo planteó el parlamentario en su Proyecto de Ley.
Desde la Cámara de Diputados, la Ministra Camila Vallejo ha expresado que el Ejecutivo patrocinará modificaciones a la Ley 20.500 y al Código Penal para definir el concepto de ‘dirigente social’ y sancionar con penas más altas la comisión de delitos de lesiones y amenazas cuando la víctima sea un dirigente, tal como fue propuesto por el diputado Jaime Araya en un Proyecto de Ley que modifica el Artículo 12 del Código Penal, para incorporar como agravante el cometer delitos contra dirigentes vecinales y de organizaciones comunitarias, motivado por venganza o represalia al ejercicio de sus funciones.
Araya, en Valparaíso junto a la Ministra Vallejo, parlamentarios y representantes de organizaciones sociales, comenzó subrayando que este tema es una preocupación transversal y destacó que el Gobierno, especialmente la Ministra “haya escuchado lo que le planteamos reiteradamente, de acuerdo a lo que nos comentaban los y las dirigentes de Antofagasta, de Calama, en Tocopilla, que muchas veces se enfrentan a la delincuencia sin ninguna protección legal”. “Aquí hay una señal concreta que el Gobierno está para defender a la gente, para enfrentarse al narcotráfico, a la delincuencia”, expresó.
El parlamentario destaca que existen casos de dirigentes que han expresado su temor por amenazas -incluso de muerte- que han recibido por delincuentes nacionales y extranjeros, muchos de los cuales pertenecen a bandas de crimen organizado, así como agresiones por denunciar a traficantes, extorsionadores y prestadores gota a gota en la región de Antofagasta.
“Esta es una muestra clara de compromiso del Gobierno con la gente trabajadora, honesta, que está cansada que los narcotraficantes estén en la esquina, que cobren peaje, y lo peor de todo es que cuando los dirigentes se atreven a denunciarlo, muchas veces toman represalias. A nosotros nos tocó vivir en Antofagasta, dirigentes que le dispararon en sus viviendas, otros que han sido amenazados de muerte, amenazas por redes sociales”, destacando que con este instrumento legal -una vez aprobado en todos sus trámites- situaciones así “se debieran acabar”, sobre todo en la región.
El Ejecutivo destaca que, de ser aprobado este Proyecto de Ley, las y los dirigentes “podrán cumplir con su función de crear y unir a las comunidades con mayores herramientas de seguridad”.