Frente a evidencia que da cuenta de funcionarios de la municipalidad pidiendo firmas para inscribir la candidatura de Jonathan Velásquez en el SERVEL para las próximas elecciones municipales, Luis Aguilera, uno de los concejales denunciante, señaló que: “es nuestro deber fiscalizar y entregar a la Contraloría todo aquello que sea una potencial falta administrativa, para que sea esta quien revise, investigue y sancione según corresponda”.
Concejales de la ciudad de Antofagasta interpusieron una denuncia en la Contraloría Regional, con motivo de la polémica campaña de búsqueda de firmas virtuales, por parte de funcionarios de la municipalidad pertenecientes al círculo de confianza del alcalde Jonathan Velásquez, quienes habrían sido instruidos de recolectar 70 firmas cada uno, con el objetivo de lograr inscribir la candidatura del actual edil para las próximas elecciones municipales.
Los mensajes fueron masificados presuntamente por periodistas y un chofer, todos cercanos al cuestionado alcalde, y que solicitaron firmas tanto a otros funcionarios de la municipalidad, como a personas externas a esta.
Dentro de los mensajes se podían leer peticiones como: “el alcalde me pidió juntar firmas para que pueda repostularse, me podría ayudar? Es solo para que se postule, no compromete el voto” o “Solo si quieres y puedes. Me ayudas firmando para inscribir la candidatura a alcalde de Jonathan Velásquez por favor”, seguido del enlace del Servicio Electoral (SERVEL) y una explicación de cómo realizar el trámite.
Frente a esto, varios concejales de la municipalidad de Antofagasta decidieron interponer una denuncia frente a la Contraloría Regional. El documento fue firmado por ocho de los once concejales de la ciudad. Entre los que figuran LuisAguilera, Camilo Kong, Karina Guzmán, Norma Leiva, Ignacio Pozo, Waldo Valderrama, Natalia Sánchez y Roberto Jorquera.
Sobre la falta en la que se incurre al enviar dichos mensajes, Luis Aguilera declaró a Termómetro que: “Realizar campañas en horario laboral podría ser constitutivo de falta a la probidad administrativa y está sancionado en la normativa legal vigente. Así también el estatuto administrativo prohíbe expresamente a los funcionarios realizar actividades políticas dentro de la administración del estado o usar la autoridad, cargo o bienes de la municipalidad para fines ajenos a sus funciones”
Otro de los ediles que se pronunció al respecto fue Waldo Valderrama, quien señaló que la normativa es clara respecto a lo que tienen que hacer los trabajadores del estado es su horario laboral, que es cumplir con su trabajo, por lo que está totalmente prohibido el proselitismo político, como sería el caso.
Y terminó rematando que: “esperamos es que la contraloría ratifique esta situación, que cuenta con bastante documentación de respaldo en cuanto a esta falta grave”.