Conversamos con Ricardo Espinoza, director del Observatorio de Infancias y Juventudes Región de Antofagasta perteneciente a la UCN.
El pasado jueves 9 de julio el gobierno decidió ingresar un veto a la ley que crea el Servicio Nacional de Protección Especializada de Niñez y Adolescencia, organismo que venía a reemplazar al actual Sename. Así como también, a la Ley de Garantías de Derechos para Niñas, Niños y Adolescentes, considerado las bases para la aprobación de otras leyes relevantes para la infancia y juventud.
Desde el Observatorio de Infancias y Juventudes Región de Antofagasta perteneciente a UCN (OIJ), el director y académico de la Escuela de Psicología, Ricardo Espinoza, y el Investigador Rodrigo Moya, de la misma institución, hacen un análisis sobre la decisión del gobierno.
“El veto presidencial al proyecto de ley de garantías para las infancias es una muestra de que para el gobierno no existe una prioridad en los niños y las niñas”, comentó Espinoza.
Uno de los principales motivos por el cual el Ejecutivo cuestiona el proyecto, es la cláusula que se le interpuso cuando el Servicio Nacional de Protección Especializada fue aprobado por la Comisión Mixta, dicha ley comenzaría a regir si es que la Ley de Garantías de Derechos de Niñas y Niños lo hacía también.
Ante esto, ambos profesionales hacen énfasis en la importancia de los proyectos al señalar que son dependientes el uno de sí y que es necesaria su promulgación.
“Si no está aprobado el Sistema de Garantías de derechos de la niñez, no puede haber un Servicio Nacional de Protección Especializado. Porque a través de la ley de Garantías de Derechos se puede supervisar lo que se realice en este servicio. Entonces si no hay ley, no puede haber lo otro. Van en conjunto”, afirmó Rodrigo Moya.
Chile es el único país en Latinoamérica que aún no cuenta con una ley que garantice el respeto y protección de derechos de niñas, niños y adolescentes (NNA) pese a haber firmado la ratificación de la Convención de Derechos del Niño (CDN) el año 1990.
Para el director, la existencia de la ley de Garantías de Derechos permitiría una mayor fiscalización del trabajo que hacen los organismos en infancia, así como también se daría una relación con distintas áreas del gobierno que aborden temáticas referidas a NNA. En definitiva, el sistema de garantías se transformaría en un protocolo de actuación y supervisión que regule el funcionamiento de las instituciones del gobierno, pero también las instituciones colaboradoras del gobierno para la ejecución de políticas públicas en materia de infancia.
El OIJ hace hincapié a que las autoridades es a ser consecuentes, esto producto a que una de las principales materias que este gobierno propone es velar por el bienestar de niños y niñas.
“El presidente con su eslogan “niños primero” vemos que no es tan así (…) El llamado es que por una vez nos comprometamos con la infancia y juventudes y seamos super consecuentes con eso”, señaló Rodrigo Moya.
En tanto, Ricardo Espinoza hace un llamado a los políticos y a la sociedad civil organizada a responder y reivindicar la real importancia que tiene el desarrollo de los niños y las niñas en nuestra sociedad. Indicando que Chile firmó un tratado en los años 90 y que el Comité de Derechos del Niño de la ONU, ha reiterado a Chile, la necesidad de contar con un instrumento jurídico que permita garantizar el ejercicio pleno de derechos de NNA.
El Ejecutivo envió de regreso el proyecto al congreso para que vuelva a ser discutido con las observaciones que se les realizó. Una de las medidas que destacan es que quieren reforzar más el rol de padres y madres en la crianza de NNA.
Se espera que este miércoles sea revisado en la cámara baja debido a que fue catalogado como urgente el veto presentado.