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La trampa de las empresas no esenciales que siguen operando

Empresas de vestuario solicitan permisos de “supermercado” y “empresa recolectora de basura”, o iglesias de “distribuidores de diarios y periódicos”. 

Hace unas semanas se dio a conocer que empresas con actividades que no son esenciales cambian su rubro a través del Servicio de Impuestos Internos (SII) con el objetivo de obtener permisos para sus trabajadores y así continuar operando pese a estar en confinamiento. 

Todo comenzó cuando la periodista Alejandra Matus alertó sobre este hecho por Twitter abriendo un hilo donde expone a siete empresas que solicitaron el permiso único colectivo inadecuadamente, ya que al cambiar el rubro por uno esencial, estarían autorizados según el Instructivo para permisos de desplazamiento creado por el Gobierno. Algunas de estas empresas son Fashion’s Park, Growing, Colgram S.A., entre otras. 

Lo que generan estas irregularidades es un aumento en la movilidad del país, que no logra el objetivo de disminuir los contagios por COVID-19. 

Luego el medio Ciper publicó una extensa investigación respecto al tema, donde gracias a la Ley de Transparencia logró que Carabineros le diera el listado de permisos que se han entregado en todo el país.

Allí se puede leer que empresas como Colgram que se dedica a vender vestuario infantil con las marcas Colloky y Opaline, solicitaron permisos de “supermercado” y “empresa recolectora de basura”, o clubes de golf como el Club de Golf Sport Francés, pidió permisos para “servicio de delivery de comida o medicamentos”, o incluso iglesias como la Iglesia de los Adventistas del Séptimo Día solicitaron autorización bajo el rubro de “distribuidores de diarios y periódicos”.

Por su parte, la Fiscalía local de Antofagasta informó que “ha comenzado a endurecer las medidas cautelares, requeridas en los Juzgados de Garantía de la región, y las penas a las infracciones por los delitos que atentan contra la salud pública”, comentó José Troncoso, vocero de la Fiscalía Regional de Antofagasta.

Sanciones

Las sanciones que arriesgan aquellos empresarios que obliguen a sus empleados a trabajar cuando no pertenecen a empresas esenciales van desde los 61 a 3 años de cárcel, o multas entre $1 millón a 12 millones de pesos, además de “sumarios sanitarios por 50 millones e, inclusive, la posibilidad de ser cerrados”, afirmó la subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell. 

Denuncias

Para denunciar hechos como estos, se habilitó un correo para cada ciudad de la región. Si cuentan con documentos, imágenes o videos para acompañar la denuncia, lo pueden adjuntar al siguiente mail:

O bien, llamando al número 600 400 0101 disponible desde el pasado 23 de junio para realizar denuncias anónimas.

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