En un documento firmado por ex oficiales condenados, se reconocen violaciones a derechos humanos. Además piden beneficios.
En las últimas horas ha circulado vía redes sociales, una carta de 27 encarcelados en el penal de Punta Peuco, donde reconocen que efectuaron violaciones a los derechos humanos en el periodo de la dictadura de Augusto Pinochet. Además, acusaron un “pávido silencio” de sus superiores, exigiendo que éstos que “asuman la responsabilidad de sus órdenes”. La carta cierra con una solicitud de beneficios carcelarios.
Ante esta situación, el Diputado Jaime Araya calificó de “provocación a la memoria de tantas familias que sufrieron” la carta: “Me parece que es faltar el respeto al Estado de Derecho que delincuentes de derechos humanos, criminales de lesa humanidad, hoy pidan algún tipo de beneficio”.
El parlamentario es tajante respecto a un posible beneficio carcelario, aludiendo al respeto del Estado de Derecho: “Esto no es la venganza de nadie, esto no es lo que decidieron las víctimas, es lo que decidió el Poder Judicial de nuestro país. A estos criminales se les condenó por los horrores que cometieron, y están privados de libertad, por una sentencia judicial, que les respetó su derecho humano al debido proceso, algo que ellos no hicieron al asesinar, secuestrar, torturar, violar o exiliar a miles de compatriotas, incluso a niños y niñas. Así que yo rechazo profundamente esta carta”.
“Me parece una provocación que se lea en este Congreso Nacional, porque esto se ve en sede judicial. Esa gente está privada de libertad por los horrorosos crímenes que cometieron contra miles de compatriotas. No corresponde que el Poder Legislativo se entrometa en lo que hace el Poder Judicial“, agregó el diputado Araya.
La carta fue firmada, entre otros, por los condenados por los crímenes del sindicalista Tucapel Jiménez, Carlos Prats y su esposa Sofía Cuthbert y del químico de la DINA, Eugenio Berríos.