Por Pedro Araya Guerrero, Senador Región Antofagasta
Hemos tenido la alegría de ver promulgada la ley de Royalty Minero y ha sido una gran noticia para los gobiernos regionales y las comunas mineras que verán sus ingresos incrementados en 450 millones dólares.
Llegarán a través de tres fondos: el dedicado a las comunas mineras, el de apoyo a la equidad territorial, y el que, a nivel de regiones, está destinado a promover la producción y el desarrollo.
Me alegra en particular porque constituye una justa retribución a Antofagasta, porque es una forma de reconocer qué somos la región que más ingresos aporta a las arcas estatales.
Los parlamentarios de la zona estuvimos unidos en hacer valer este hecho ante el Presidente Gabriel Boric y nuestrasobservaciones permitieron mejorar el proyecto inicial. El resultado es muy bueno y está a la vista.
Contar con más recursos no significa de inmediato más prosperidad. Significa disponer de más medios que hacen posible invertir en mayor prosperidad que es algo distinto.Eso requiere prepararse para hacer buen uso y no malgastar las recién adquiridas fuentes de financiamiento.
Después de todo lo que hemos visto a lo largo del país,partiendo por la misma Región de Antofagasta, no se necesita ser desconfiado para asegurarse, desde el principio,de que exista la máxima transparencia en el uso de los nuevos recursos.
Incluso es un modo de proteger a las administraciones locales de posteriores acusaciones. Los medios locales fueron muy eficientes en detectar hechos ya producidos, ahora será necesario que realicen una labor preventiva y puedan hacer un seguimiento de cómo se realizan y ejecutan las decisiones de nuevos gastos.
Pero la prevención no basta. Se torna necesaria la participación de la comunidad en un plan de desarrollo regional y comunales potenciados. Una mejor calidad de vida no significa lo mismo para cada uno de nosotros, las prioridades deben ser establecidas escuchando las más variadas voces. Decidir bien y en conjunto es ya disponer de una mejor vida puesto que todos son llamados a hacerse parte de las decisiones que los afectan.
Las advertencias son claras. En el penúltimo número de la revista The Economist, se cita un caso esclarecedor, el de la hermana República del Perú.
La publicación señala que, a principios de la década de 2000, este país “dictaminó que la mitad del impuesto corporativo de las empresas mineras debería ir a los lugares donde se realizaba la minería”. Todo parecía ir sobre ruedas, en particular porque los precios de las materias primas habíanaumentado drásticamente, en beneficio ahora de los gobiernos locales.
Sin embargo, en uno de ellos, el de Ancash, “los cuatro gobernadores que sirvieron entre 2006 y 2018 han sido arrestados por cargos de corrupción (tres han cumplido condena en prisión, mientras que uno ha sido liberado de la prisión preventiva, en espera de una mayor investigación). Un estudio encontró que el conflicto social aumentó en las regiones que recibieron más dinero”.
Señalo estos entrecomillados porque corresponden a una de las revistas de mayor prestigio a nivel mundial y lo que consigna son hechos y no acusaciones interesadas o al voleo. La lección que nos deja es que, sin prevenciones, a veces el veneno viene con cubierta de chocolate.
Que se tomen las decisiones lejos de nosotros tiene evidentes problemas, pero que se tomen más cerca solo será bueno si nos preparamos para ello.
Tenemos que saber que los ojos de la opinión pública, de la prensa, de los órganos controladores y de la justicia estarán puestos en lo que se haga de ahora en adelante en los niveles regional y local de la administración pública.
En particular estará bajo la lupa debido a que fue aquí donde se originó el tristemente célebre Caso Convenios, con la fundación Democracia Viva, pero que en la actualidad se extendió a investigaciones similares en 10 regiones del país por parte del Ministerio Público.
La ley, los procedimientos administrativos, las investigaciones y el interés ciudadano están cambiando y adaptándose a la pesquisa de nuevas faltas que se puedan producir. Todo esto hay que tomarlo en cuenta no para detenernos, sino para avanzar atentos al camino.
Soy un firme convencido de la necesidad de profundizar el proceso de descentralización, tanto a nivel administrativo, financiero como político. Creo que estos aspectos se potencian entre sí. Por eso he sido contrario a limitar la elección de gobernadores regionales a un solo período. Siempre me ha parecido que un período de 4 años es demasiado breve para concretar una visión de mediano plazo.
Si en alguna parte, la gestión regional es mala, basta con que no sea reelecto, pero si es buena, ¿por qué no tener la posibilidad de insistir en lo bueno? Hasta ahora los argumentos en contrario no me han podido convencer.
Pero soy un optimista previsor. Estoy convencido que la descentralización seguirá consolidándose en la misma medida que confirme la esperanza de nuestros ciudadanos de que se está trabajando por su bienestar de manera correcta e intachable.
Nos habríamos evitado muchos males si el Ministerio de Vivienda hubiera adecuado a tiempo su reglamentación interna para no hacer tan permisivas normas que fueron pensadas para situaciones excepcionales. A nosotros no nos puede pasar lo mismo.