“Quizás haya derramamiento de sangre, pero ganaremos”, declaró el congresista peruano Mauricio Mulder luego que el Presidente del Perú, Martín Vizcarra decretara la disolución del Congreso.
Un tenso momento se vive en el Perú, luego que el Presidente Martín Vizcarra decretara la disolución del congreso y llamara a elecciones para su nueva conformación, con el objeto de frenar la maniobra de la oposición fujimorista mayoritaria para hacerse con el control del Tribunal Constitucional del Perú. Por su parte, el Congreso sesionó y tomó juramento a Mercedes Aráoz.
Todo comenzó debido a que el parlamento peruano, compuesto mayormente por congresistas opositores al gobierno de Vizcarra y cuyos miembros se han visto envueltos en escándalos de corrupción, aceleró la designación de jueces del Tribunal Constitucional del país vecino, con el objetivo de nombrar jueces afines a los lineamientos políticos de los partidos opositores líderes en el Congreso. Ante ello, el Presidente Vizcarra solicitó al Congreso un “voto de confianza” para dialogar entorno a la composición del Tribunal Constitucional, solicitud que fue negada en primera oportunidad, lo que valió la amenazada del ejecutivo de cerrar el Congreso y llamar a elecciones, una herramienta contemplada por la Constitución peruana, en caso que se niegue dos veces el “voto de confianza”, lo que finalmente sucedió ayer cuando el legislativo designó a uno de los 6 miembros del Tribunal Constitucional. Posteriormente Vizcarra cumplió su amenaza y disolvió el Congreso y llamó a elecciones, tras lo cual el Parlamento se reunió para suspender de su cargo a Vizcarra durante 12 meses por “incapacidad moral” y tomó juramento a Mercedes Aráoz como nueva Presidenta Interina del Perú.
“Asumo la presidencia respondiendo a que el presidente Martín Vizcarra ha fallado al no cumplir con tres artículos constitucionales“, declaró Mercedes Aráoz al juramentar ante el Congreso peruano
“Quizás haya derramamiento de sangre, pero ganaremos”, declaró el congresista peruano Mauricio Mulder.
Durante la madrugada, el Comandante General del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, César Astudillo, llegó a Palacio de Gobierno junto los Comandantes Generales del Ejército (Jorge Celis), Marina (Fernando Cerdán) y Fuerza Aérea (Rodolfo García), para reunirse con el Presidente Vizcarra, respaldando de esa forma su decisión de cerrar el Congreso y llamar a elecciones. De este modo, la preocupación es el eventual enfrentamiento armado entre el Legislativo y el Ejecutivo, algo que se vivió en Chile en la Guerra Civil de 1891 que enfrentó, durante el gobierno del Presidente José Manuel Balmaceda, al ejecutivo con el parlamento, debido a que el Congreso Nacional se negó a aprobar las leyes periódicas que fijaban las fuerzas de mar y tierra así como la Ley de Presupuesto Nacional.
Por su parte, respecto a las razones del parlamento para apresurar el nombramiento de los ministros del Tribunal Constitucional, un exministro de dicho organismo judicial, Cesar Landa, sostuvo que “la urgencia de la oposición parlamentaria es renovar a los magistrados para cambiar el equilibrio que no les es favorable”, advirtiendo que están usando a dicho Tribunal con el fin de obstaculizar los procesos anticorrupción, dadas las situaciones que han atravesado varios miembros del congreso, como Keiko Fujimori quien se encuentra acusada de lavado de activos, encontrándose en prisión preventiva, quien es hija del ex presidente Alberto Fujimori, el mismo que se hizo un autogolpe de Estado para mantenerse en el poder y que luego fue condenado por una serie de delitos, condenas que fueron confirmadas en su oportunidad por el Tribunal Constitucional de aquel entonces.
La situación además ha sido observada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que manifestó su preocupación por “las denuncias de falta de publicidad y transparencia en el proceso de selección de seis magistrados del Tribunal Constitucional del Perú” y destaca que el Parlamento no hizo públicos los criterios para seleccionar a los candidatos. “La Comisión observa que este proceso de selección se realiza en un contexto político marcado por denuncias e investigaciones iniciadas sobre la participación de funcionarios de diversas entidades del sistema judicial en actos de corrupción, a través de tráfico de influencias, favorecimiento personal, abuso de poder y prevaricato, entre otros; así como por procesos de selección de operadores de justicia que habrían sido afectados por la alegada existencia de un esquema de corrupción y de tráfico de influencias”, añade el comunicado.
Revisa aquí la resolución de Disolución del Congreso Peruano.
EX20190930